El 7° Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó a herederos del exdictador Augusto Pinochet devolver al Estado más de 16 millones de dólares —unos 16 mil millones de pesos— por apropiación indebida de fondos públicos durante su régimen militar (1973–1990). La decisión se sustenta en una investigación que estableció que dichos recursos provenían de gastos reservados asignados a la Presidencia, la Casa Militar y el Ejército, y que fueron ocultados en cuentas extranjeras, como las del banco Riggs.

Este fallo, de primera instancia, considera que el enriquecimiento injustificado se remonta a prácticas sistemáticas de sustracción de dinero público, y establece que la restitución deberá hacerse en pesos chilenos, al valor del dólar vigente al momento del pago, más intereses legales. El tribunal rechazó la defensa de la familia Pinochet, que alegaba prescripción del caso, argumentando que el plazo legal solo comenzó en 2018 cuando la Corte Suprema definió los bienes no sujetos a comiso en el marco del caso Riggs.

La sentencia incluye a la fallecida esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, y abre un nuevo capítulo en el proceso de recuperación de fondos públicos desviados durante la dictadura. Aunque la resolución puede ser apelada, representa hasta ahora uno de los mayores montos que la justicia ha ordenado restituir al fisco por hechos de corrupción ligados al régimen militar. El CDE valoró el dictamen como un avance clave hacia la reparación institucional.

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