Las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) comenzaron a regir este viernes, tras su publicación en el Diario Oficial. Su entrada en vigencia se produce mientras el Tribunal Constitucional (TC) debe resolver si admite a trámite el requerimiento presentado por 16 senadores de oposición para impugnar disposiciones de la normativa.

La controversia entre el Ejecutivo y los parlamentarios se concentra en el plazo para presentar la acción constitucional. El Gobierno ingresó el decreto promulgatorio a la Contraloría el 9 de octubre, misma jornada en que los senadores acudieron al TC. A partir de estos antecedentes, el Ejecutivo argumenta que la presentación fue extemporánea y solicitó que sea declarada inadmisible.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la posición del Gobierno y sostuvo que “no se puede presentar el requerimiento luego de la promulgación del proyecto de ley”.

La autoridad también destacó la importancia de poner en marcha la normativa después de una extensa tramitación legislativa. “Es muy importante para el Gobierno avanzar en las Reglas de Uso de la Fuerza después de una tramitación muy larga; queremos tener las Reglas de Uso de la Fuerza lo antes posible en operación”, afirmó.

La legislación establece un marco jurídico para regular la actuación de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y, en determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas. Su aplicación considera principios como la legalidad, la necesidad, la responsabilidad y la racionalidad.

Entre sus disposiciones, contempla cinco niveles de uso de la fuerza para las policías, que van desde la presencia de los funcionarios y la comunicación con las personas hasta el empleo de fuerza potencialmente letal, sujeto a las condiciones previstas en la normativa.

Oposición cuestiona disposiciones de la normativa

Los senadores que recurrieron al Tribunal Constitucional plantean reparos a aspectos relacionados con el principio de racionalidad y con las circunstancias que permiten recurrir a fuerza potencialmente letal.

El senador socialista Juan Luis Castro llamó a permitir que el organismo revise los cuestionamientos planteados. “Se necesita toda la voluntad y no evitar que las cosas salgan bien como corresponden a una ley tan sensible como los momentos en que las Fuerzas Armadas o de Orden pueden disparar”, señaló.

Por su parte, la senadora del Partido por la Democracia (PPD), Loreto Carvajal, sostuvo que las dudas sobre la regulación deben ser abordadas incluso si el TC determina que el requerimiento fue presentado fuera de plazo.

“Esperamos que el control judicial, la jurisprudencia permitan precisar aquellos aspectos que a nuestro juicio quedaron abiertos o insuficientemente regulados”, indicó.

El Tribunal Constitucional revisará la próxima semana la admisibilidad de la presentación. Mientras no exista una resolución sobre ese punto, las Reglas de Uso de la Fuerza se mantienen vigentes tras su publicación en el Diario Oficial.

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