El suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, salió a responder públicamente a los cuestionamientos que enfrenta en el marco de la investigación conocida como la “trama Bielorrusa”, asegurando que jamás recibió regalos, beneficios ni financiamiento de terceros vinculados al caso.

En entrevista televisiva, el magistrado fue enfático al señalar que “nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo”, descartando cualquier tipo de favor personal proveniente de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, actualmente imputados en la causa. Asimismo, negó mantener con ellos una relación de cercanía fuera de lo habitual en el ámbito profesional.

Según explicó, los contactos que sostuvo con ambos abogados se limitaron a instancias sociales comunes dentro del mundo judicial, afirmando que no existió amistad íntima ni una relación privilegiada. “He tenido vínculos sociales con muchos abogados, no solo con ellos”, sostuvo.

Simpertigue también se refirió a su relación con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, apuntando que su trato fue estrictamente institucional y social dentro del contexto laboral. En ese sentido, afirmó que no existieron nexos personales que excedieran la dinámica habitual al interior del máximo tribunal.

Respecto a los viajes realizados por Europa en crucero, el ministro reiteró que estos no fueron financiados por terceros ni gestionados por los abogados involucrados en la investigación. Insistió en que todos sus desplazamientos fueron costeados de manera personal y que no recibió aportes externos para ese tipo de actividades.

El denominado caso Muñeca Bielorrusa investiga una presunta red de delitos económicos, entre ellos lavado de activos, cohecho y soborno, asociados a un fallo judicial que favoreció al consorcio bielorruso Belaz Movitec SpA, obligando a Codelco a pagar una millonaria indemnización.

En el marco de esta causa, Simpertigue fue formalmente incorporado como imputado el pasado 11 de diciembre y permanece suspendido de sus funciones como medida administrativa. Paralelamente, enfrenta una acusación constitucional que ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y que ahora será revisada por el Senado, instancia que definirá su continuidad en el cargo.

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