La situación en la Avenida Valparaíso, en Viña del Mar, escaló hasta la justicia, luego de que 34 locatarios y residentes interpusieran un recurso de protección denunciando pérdidas económicas, riesgos sanitarios y una creciente inseguridad.

El recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y posteriormente confirmado por la Corte Suprema, que ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar, la Delegación Presidencial Regional, la SEREMI de Salud y la SEREMI de Seguridad Pública adoptar medidas “concretas, suficientes y eficaces” para evitar la instalación de vendedores informales en el sector.

El panorama descrito es de deterioro urbano: veredas invadidas por puestos desde temprano, ventas de alimentos sin control sanitario, suciedad, música a alto volumen, ausencia de baños y peleas frecuentes. Además, acusaron que algunos puntos encubrían microtráfico y delitos menores. Las consecuencias económicas también fueron severas, con caída en las ventas, cierres de locales y una competencia desleal frente a vendedores que no pagan impuestos ni cumplen normativas.

Las instituciones defendieron su gestión. El municipio detalló que entre 2022 y mayo de 2025 ejecutó 1.153 operativos, decomisó más de 276 mil productos e invirtió $3.500 millones en recuperación urbana y seguridad. La Delegación Presidencial y la SEREMI de Seguridad Pública destacaron planes como “Recuperando Calle Valparaíso” y “Turismo Seguro”, con rondas, drones y decomisos, mientras que la SEREMI de Salud explicó que sus atribuciones se limitan a materias sanitarias. Carabineros informó un aumento de fiscalizaciones y controles de identidad, aunque sin denuncias formales recientes.

No obstante, la Corte de Apelaciones consideró que todas estas acciones fueron insuficientes e ineficaces, descartando la falta de recursos como excusa. El fallo enfatizó que la Constitución obliga a los órganos del Estado a actuar de manera coordinada en resguardo del orden público, la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

La Corte Suprema respaldó íntegramente esa conclusión. Con ello, el máximo tribunal dejó establecido que las autoridades deberán trabajar de manera conjunta y sostenida para enfrentar una crisis que, según los jueces, amenaza la seguridad, el libre tránsito, la actividad económica y la salubridad en una de las principales arterias comerciales de Viña del Mar.

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