La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmó este miércoles la suspensión temporal del proceso de desalojo en la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, con el objetivo de consolidar los terrenos ya recuperados tras dos jornadas marcadas por graves hechos de violencia.

El delegado presidencial Yanino Riquelme explicó que la decisión busca asegurar los avances alcanzados en el operativo, permitiendo al propietario del terreno continuar con la demolición de viviendas ilegales y la instalación de cierres perimetrales. Actualmente, las labores presentan un 70% de avance en la parcela 13 y un 80% en la parcela 11.

Riquelme destacó además la colaboración de vecinos del sector, quienes han denunciado a grupos violentos que han protagonizado ataques contra Carabineros y han intimidado tanto a funcionarios públicos como a los propios habitantes del lugar. No obstante, advirtió que, en caso de que se repitan los incidentes, el sector volverá a ser intervenido por las fuerzas de orden.

En paralelo, el delegado informó que se sostendrá una reunión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con dirigentes vecinales, con el fin de desplegar un plan integral de carácter social para abordar la situación de las familias afectadas.

En el plano policial, Riquelme confirmó la detención de seis personas imputadas por el delito de homicidio frustrado contra funcionarios de Carabineros, de las cuales cinco mantienen antecedentes policiales. A estos arrestos se suman otras detenciones registradas durante el operativo.

Por su parte, la general de Carabineros Patricia Vásquez detalló que, en total, tres sujetos fueron detenidos por infracción a la ley antibarricadas y uno por el delito de incendio. A ello se agregan los seis imputados por homicidio frustrado, entre los cuales se encuentra una mujer. Además, se incautó armamento y municiones en el sector de Pelancura, elementos que están siendo analizados por unidades especializadas.

La situación también generó reacciones políticas. La diputada y senadora electa Camila Flores calificó como “escandaloso” que uno de los detenidos por homicidio frustrado contra un carabinero sea beneficiario de una pensión de gracia otorgada tras el estallido social. A su juicio, este tipo de situaciones reflejan un debilitamiento de la autoridad y una señal de impunidad frente a hechos de extrema violencia.

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