La Asociación SUTE de Valparaíso llegó esta mañana hasta la Contraloría Regional para pedir un pronunciamiento respecto al pago del Bono de Responsabilidad Directiva, luego de detectar que cerca de 300 funcionarios estarían recibiendo este beneficio pese a que, por norma, está destinado únicamente a directores, directoras y sus equipos seleccionados mediante concursos de Alta Dirección Pública.

Desde el gremio explicaron que los montos involucrados no son menores: el bono puede superar el valor de un sueldo mínimo por funcionario, lo que —sumado a la cantidad de beneficiarios— estaría provocando un déficit superior a los 150 millones de pesos mensuales en el sistema de Educación Pública local.

Además, SUTE solicitó a la Contraloría revisar la figura del “director subrogante”, señalando que esta no existe en el Estatuto Docente y que la ley obliga al sostenedor a proveer los cargos directivos a través de concursos ADP con un máximo de seis meses de vacancia. Según la asociación, dicho plazo se ha excedido ampliamente en numerosos establecimientos, lo que configuraría una práctica irregular y un uso ineficiente de recursos públicos.

El gremio también apuntó a que esta situación no es nueva y se arrastra desde distintas administraciones municipales, incluyendo a los exalcaldes Pinto, Cornejo, Castro y Sharp. En ese sentido, acusaron que por años la educación pública fue utilizada como “caja pagadora de favores políticos”, perjudicando directamente el financiamiento destinado a mejorar las condiciones laborales y pedagógicas dentro de las escuelas y liceos de la comuna.

Los dirigentes esperan que la Contraloría emita un dictamen que permita redirigir los recursos actualmente destinados al cuestionado bono hacia la contratación de personal idóneo, con el fin de garantizar una atención digna y acorde a las necesidades de las y los estudiantes de Valparaíso.

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