Por más de cinco horas se extendió este miércoles la audiencia del Tribunal Constitucional (TC) destinada a escuchar a terceros interesados en los tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra la denominada “megarreforma” del Gobierno.

La jornada comenzó a las 09:00 horas y concluyó cerca de las 14:30, con la participación de 56 entidades que entregaron sus argumentos respecto de las disposiciones cuestionadas de la Ley de Reconstrucción Nacional.

Las impugnaciones se concentran principalmente en las normas relacionadas con la invariabilidad tributaria y en modificaciones al sistema de evaluación ambiental, particularmente aquellas vinculadas a eventuales compensaciones económicas por parte del Estado ante la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Debido al elevado número de participantes, el TC organizó las exposiciones en tres bloques, estableciendo un tiempo máximo de cinco minutos para cada intervención y pausas de 10 minutos entre los grupos.

Posturas divididas ante el Tribunal

Durante la audiencia se presentaron argumentos contrapuestos sobre las disposiciones de la reforma.

Carlos Oyarzún, representante de la Fundación Libertad y Desarrollo, expuso a favor de la invariabilidad tributaria contemplada en la iniciativa.

Por su parte, el exministro de Seguridad Luis Cordero intervino en representación de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile para defender las normas cuestionadas en materia ambiental.

Cordero sostuvo que los reparos planteados ante el Tribunal no corresponderían propiamente a un problema de constitucionalidad, sino a diferencias respecto del contenido y conveniencia de las disposiciones aprobadas por el Congreso.

Desde el ámbito ambiental, Roxana Núñez, representante de Greenpeace Pacífico Sur, cuestionó particularmente las denominadas “micro-relocalizaciones” y su exclusión de determinados procedimientos de evaluación ambiental.

Según planteó, la posibilidad de trasladar concesiones hasta 350 metros sin someterse al sistema de evaluación ambiental no tendría, a su juicio, suficiente fundamentación técnica. También advirtió sobre sus eventuales efectos en zonas de la Patagonia y áreas protegidas.

Desde el sector laboral, Ana Lamas, representante de la Confederación de Trabajadores del Cobre, manifestó su rechazo a las disposiciones vinculadas a la invariabilidad tributaria de grandes empresas mineras y cuestionó sus eventuales efectos en las finanzas públicas.

Amplia participación de organizaciones

Entre los expositores estuvieron representantes de organizaciones ambientales como ONG FIMA, Fundación Terram, Greenpeace Pacífico Sur y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, además de agrupaciones territoriales de distintas comunas del país.

También participaron entidades vinculadas a sectores productivos, entre ellas la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, el Consejo del Salmón, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación Chilena de Hidrógeno y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso.

En representación de los trabajadores expusieron organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Autónoma de Trabajadores, la ANEF y la Confederación de Trabajadores del Cobre, además de federaciones de distintas áreas productivas y de servicios.

La lista incluyó también a centros de estudios y organizaciones vinculadas al debate público, entre ellas Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, la Universidad del Desarrollo, Nodo XXI, Fundación Constituyente XXI e instituciones vinculadas a la Universidad Católica.

Asimismo, fueron escuchadas organizaciones relacionadas con pueblos originarios y comunidades territoriales, junto con representantes de los colegios profesionales de trabajadores sociales y psicólogos.

TC escuchará alegatos este jueves

La audiencia realizada este miércoles correspondió a la etapa destinada a recoger las opiniones de terceros interesados en los requerimientos.

El Tribunal Constitucional continuará este jueves con la revisión del caso, jornada en la que están programados los alegatos de las partes para abordar el fondo de las impugnaciones.

La defensa del Gobierno estaría a cargo de los abogados constitucionalistas Arturo Fermandois y José Manuel Díaz de Valdés, quienes deberán exponer ante el organismo los argumentos para respaldar la constitucionalidad de las normas cuestionadas.

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