Tribunal descarta prisión preventiva en caso ProCultura y deja a imputados solo con arraigo nacional
Editado el 4 febrero 2026 @ 08:19 por Prensa UCV Radio
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, al no considerar acreditados riesgos procesales ni indicios suficientes de delito penal.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este martes rechazar la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía en contra de los cuatro imputados en el denominado caso ProCultura, una de las aristas vinculadas a la investigación por presunto uso irregular de recursos públicos.
Durante la audiencia, el tribunal —encabezado por el magistrado Patricio Álvarez— también desestimó la aplicación de arresto domiciliario total, concluyendo que no se configuraban los requisitos legales para imponer medidas cautelares de mayor intensidad.
De esta forma, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida de arraigo nacional, lo que implica la prohibición de salir del país mientras se desarrolla la investigación. Además, el juzgado fijó un plazo de 90 días para el cierre de esta etapa investigativa.
Tras la resolución judicial, Alberto Larraín abandonó el Centro de Justicia sin entregar declaraciones a los medios de comunicación.
En tanto, el abogado defensor del representante legal de la Fundación ProCultura, Cristian Arias, valoró la decisión del tribunal, señalando que esta se sustentó en la ausencia de antecedentes que acreditaran una eventual defraudación al Fisco por parte de los imputados.
Según el defensor, la tesis presentada por el Ministerio Público carecía de sustento suficiente para justificar las medidas solicitadas, agregando que Alberto Larraín no habría tenido un rol de apropiación de recursos fiscales ni tampoco la calidad de funcionario público, uno de los elementos cuestionados por la Fiscalía.
Asimismo, Arias sostuvo que los proyectos ejecutados por la fundación no correspondían a iniciativas ficticias, sino a trabajos efectivamente realizados. A su juicio, si bien podrían existir cuestionamientos desde el punto de vista administrativo, el tribunal no advirtió elementos constitutivos de delito penal.
La investigación continuará ahora con los imputados en libertad, mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de antecedentes dentro del plazo establecido por el tribunal
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