Tras las condenas dictadas contra los 18 responsables del ataque armado e incendiario que en 2022 afectó al molino Grollmus, las víctimas y familiares de los afectados iniciaron una nueva etapa judicial, esta vez mediante acciones civiles contra el Estado.

Se trata de tres demandas presentadas ante el Primer, Segundo y Tercer Juzgado Civil de Concepción, mediante las cuales se solicitan indemnizaciones que, en conjunto, superan los $26 mil millones, bajo el argumento de una presunta falta de servicio por parte del Estado.

Las acciones cuestionan principalmente la oportunidad y efectividad de la respuesta estatal durante el atentado ocurrido en Contulmo, donde se registraron disparos, incendios y ataques contra quienes se encontraban en el lugar.

La primera demanda fue presentada por el abogado Javier Zehnder, en representación de Christian Grollmus, Margarita Fritz, Karin Grollmus y Helmuth Grollmus, este último fallecido posteriormente tras un deterioro físico que, según la acción judicial, se produjo a raíz de las consecuencias del ataque.

En esta demanda se acusa una supuesta omisión por parte del Estado y una respuesta que habría sido tardía y defectuosa. Los demandantes sostienen que el ataque se extendió durante un período considerable, con disparos reiterados y el avance de los incendios en las instalaciones y el molino, sin que se produjera una intervención estatal capaz de evitar o disminuir los daños.

Por estos conceptos, solicitan $7 mil millones por daño patrimonial asociado al molino y otros $16 mil millones por daño moral.

La segunda acción civil también fue presentada por Zehnder, esta vez en representación de Christian Cid y Ramón Cid, vecinos del molino que fueron atacados y golpeados durante el atentado.

Ambos demandantes cuestionan igualmente la actuación del Estado y solicitan una indemnización de $850 millones por las consecuencias derivadas de los hechos.

La tercera demanda fue presentada por el abogado Rafael Poblete, en representación de Carlos Grollmus, quien sufrió la pérdida de una pierna producto del ataque.

La acción también apunta a una presunta falta de servicio y solicita una indemnización total de $1.630 millones, principalmente por los daños físicos y morales provocados por el atentado.

Las tres acciones civiles se conocen después de que los tribunales establecieran las responsabilidades penales por el ataque al molino Grollmus. En ese proceso, 18 personas fueron condenadas, con penas que en conjunto superan los mil años de cárcel.

Mientras las condenas corresponden al ámbito penal y determinaron las sanciones para los responsables de los hechos, las nuevas acciones buscan establecer eventualmente una responsabilidad civil del Estado por la forma en que se habría desarrollado la respuesta ante el atentado.

Ahora corresponderá a los tribunales civiles revisar los antecedentes presentados por los demandantes y determinar si se configura la responsabilidad estatal alegada y, eventualmente, si corresponde el pago de las indemnizaciones solicitadas.

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