El Gobierno de Estados Unidos decidió reorientar US$52 millones en financiamiento militar que originalmente estaban contemplados para países de Europa y Medio Oriente, destinando esos recursos a cuatro naciones de América Latina: Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

La decisión fue comunicada al Congreso estadounidense por el Departamento de Estado, que notificó su intención de modificar el destino de partidas correspondientes al programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF).

Los fondos habían sido asignados inicialmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, pero ahora serán utilizados para apoyar a los cuatro gobiernos latinoamericanos.

Según explicó un funcionario del Departamento de Estado, la modificación responde a prioridades de seguridad definidas por la administración del presidente Donald Trump, entre ellas el combate al denominado “narcoterrorismo” y la protección de zonas consideradas estratégicas para Washington.

Seguridad del Canal de Panamá

Entre los argumentos expuestos por la administración estadounidense también aparece la necesidad de reforzar la seguridad en torno al Canal de Panamá.

El Departamento de Estado sostuvo que el uso de estos recursos en América permitirá fortalecer las capacidades de defensa de los países beneficiados y reducir, de acuerdo con su evaluación, una eventual dependencia de estos gobiernos respecto de países considerados adversarios de Estados Unidos.

La decisión se conoció luego de la gira realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien durante la semana pasada visitó Colombia, Ecuador y Perú, tres de los países que recibirán parte de los recursos.

Washington señaló además que durante la última década cerca del 80% del programa FMF ha sido destinado a países de Medio Oriente, por lo que el cambio representa una modificación en la distribución geográfica de este tipo de asistencia.

Alianza de las Américas

Los cuatro países beneficiados también forman parte del marco operativo de la denominada Alianza de las Américas, iniciativa impulsada por la administración Trump para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado en la región.

Este mecanismo contempla una eventual cooperación militar más estrecha entre los países participantes, incluyendo la posibilidad de desarrollar operaciones conjuntas en sus respectivos territorios, de acuerdo con los planteamientos de Washington.

El Departamento de Estado afirmó que la reasignación de los recursos se encuentra alineada con la Estrategia de Seguridad Nacional de la actual administración estadounidense.

El movimiento de fondos se suma a otras decisiones adoptadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025 que han reducido el respaldo militar estadounidense destinado a determinados socios europeos.

En paralelo, el mandatario ha cuestionado reiteradamente el nivel de gasto en defensa de algunos integrantes de la OTAN, reclamando un mayor aporte de los países miembros a sus propias capacidades militares.

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