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Seremi de Salud inicia investigación sumaria a centro de salud privado de San Antonio por incumplimiento a la Ley IVE

Publicado el 16 Septiembre 2024 @ 17:00 por Camila Alejandra Olmos Fuentes
Editado el 16 Septiembre 2024 @ 16:07 por Camila Alejandra Olmos Fuentes

En la región de Valparaíso, desde 2018 a junio de 2024 se han presentado 614 casos de mujeres que han interrumpido su embarazo por alguna de las tres causales.

A siete años de la promulgación de la Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 Causales (Ley IVE), las seremis de Salud, Lorena Cofré Aravena, de la Mujer y Equidad de Género, Camila Lazo Molina, y la vocera de Gobierno, María Fernanda Moraga Vistoso, realizaron un balance de la legislación, que desde 2023 es fiscalizada por la Autoridad Sanitaria.

"Nuestra Seremi de Salud desde el 2023 se enfoca en fiscalizar a las instituciones de salud públicas y privadas el acceso oportuno de las mujeres a esta ley y a estas causales. En ese sentido, son más de 600 las mujeres que desde el 2018 a la fecha han accedido a poder utilizar este servicio por esta ley. De esas 600 mujeres, alrededor del 25% han acudido por la Causal 1, 35% por la Causal 2 y 20% por la Causal 3, que es violación”, detalló la seremi de Salud, Lorena Cofré Aravena.

El proceso de fiscalización, cuya primera etapa culminó en agosto de 2024, consistió en la revisión en 14 centros de salud tanto públicos como privados. “Hemos cursado una investigación sumaria a una institución privada de la comuna de San Antonio. Seguiremos fortaleciendo el acceso oportuno a las mujeres al derecho de la ley IVE”, agregó Cofré.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Camila Lazo Molina, indicó que “desde el 2017 y en el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet se implementa la Ley de Interrupción Voluntaria en 3 Causales. La primera, riesgo de vida de la mujer. La segunda, inviabilidad del feto con la vida. Y la tercera, la causal violación, que sabemos que es la causal que ha generado mayor impacto social. Un 85% de las mujeres y niñas que han podido acceder a la información han decidido continuar con el proceso”. La autoridad agregó: "Como Gobierno el 31 de mayo ingresamos a la Contraloría General de la República la reformulación al reglamento de aplicación de esta ley, sobre todo para la objeción de conciencia, buscando dos elementos fundamentales: el acceso a la información oportuna para las mujeres y niñas que necesiten acceder a su implementación; y la correcta, oportuna y rápida derivación a los centros de salud tantopúblicos como privados y que esto no implique un costo asociado a la atención para mujeres y niñas”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga Vistoso, apuntó a que “como Gobierno, poder garantizar de manera oportuna, efectiva, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres de nuestro país es un deber, porque son considerados, además, un derecho humano. En ese sentido, evidentemente, el Estado tiene que velar, proteger, cuidar y garantizar estos derechos, y en ese sentido el gobierno del Presidente Gabriel Boric, ha puesto completo énfasis, no sólo a propósito del aniversario de la entrada en vigor de la ley, poder verificar su efectivo cumplimiento”.

Acceso a la Ley IVE

La matrona y encargada regional del Programa Salud de la Mujer de la Seremi de Salud, Paola Inostroza, explicó que una mujer que se encuentre en alguna de las circunstancias definidas por la le,y puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier centro de salud. “Pueden acudir a cualquier centro de salud de atención primaria y desde ahí ser derivadas al hospital. A la vez pueden acudir a los centros de urgencias de los establecimientos públicos y privados de la región para ser atendidas, ahí les hará un acompañamiento”, explicó la profesional.

Dependiendo de la causal, será la atención, agregó Inostroza. “Por ejemplo, la causal 2 es un proceso más largo porque requiere de un estudio complementario con ecografías para que se pueda determinar la causal. Es un periodo más largo en el que la mujer accederá finalmente a la interrupción voluntaria”. Asimismo, agregó que “lo que tiene prioridad es la Causal 3, porque se debe realizar antes de las 12 semanas de gestación y 14 semanas en el caso de menores de 14 años”.

Sobre el proceso de fiscalización, la encargada de la Autoridad Sanitaria explicó que “lo principal es evaluar los procesos asistenciales, además de vigilar que conozcan el marco normativo de la ley, es conocer y revisar fichas clínicas para ver si las causales se constituyeron adecuadamente. En el caso de la Causal 3, por ejemplo, que haya sido dentro de las semanas que corresponde. Es importante que se revise lo que tiene relación con los objetores de conciencia, que tengan protocolos de reasignación al interior del establecimiento. Se debe verificar otro aspecto importante que es el acceso al acompañamiento psicosocial el cual es voluntario”.

Finamente, aclaró que “en caso de que un médico/a sea objetor de conciencia, inmediatamente se va a derivar a otro que no lo es. Entonces, todos los establecimientos tienen los protocolos adecuadamente actualizados para que no ocurra una situación en que una mujer no pueda acceder a la ley por haber sido atendida por un médico objetor”. 

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