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Diputada Karol Cariola exige al Estado medidas de no repetición tras acudir a la CIDH

Publicado el 25 Abril 2025 @ 12:00 por Bárbara Rojas Jéldrez
Editado el 25 Abril 2025 @ 10:22 por Bárbara Rojas Jéldrez

La parlamentaria denunció serios errores en el informe policial que sustentó el allanamiento y recalcó la necesidad de que el Estado tome medidas para resguardar los derechos de las mujeres gestantes en todas las etapas, así como los de sus hijos recién nacidos

La parlamentaria confirmó que la semana pasada su defensa recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales como madre gestante, así como los de su hijo recién nacido, luego del allanamiento a su domicilio ocurrido el mismo día de su parto. 

“Acá hubo una vulneración de derechos, y eso es algo que no debiera volver a ocurrir a ninguna mujer en nuestro país. Yo estaba pariendo cuando se tomó la decisión de realizar un allanamiento, teniendo a mi primer hijo. Es algo que no se lo doy a nadie. La afectación emocional que eso implica para cualquier persona es brutal, terrible, dolorosa”, declaró Cariola.

Informe policial “confunde personas”

La defensa de Cariola denunció en su presentación ante la CIDH que la Fiscalía entregó al tribunal “información errónea” que permitió autorizar el allanamiento, y apuntó a “faltas gravísimas” contenidas en el informe 487 de la PDI, documento que sirvió de base para la medida intrusiva adoptada por el Ministerio Público.

En esa línea, la diputada advirtió que el informe presenta inconsistencias en las fechas y evidencia interpretaciones incorrectas: “Se trata de generar una supuesta vinculación entre una persona y otra. A propósito de lo que se nos está imputando, al confundirse a dos personas distintas no hay consecución del delito que supuestamente se intenta determinar”.

La ex presidenta de la Cámara defendió su “inocencia absoluta frente a lo que aquí se está tratando de instalar".

El abogado de la parlamentaria agregó que, durante la última audiencia de Cautela de Garantías realizada el pasado 15 de abril ante  el 7° Juzgado de Garantía de Santiago,  el nuevo informe 487 enviado por el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y  del que el tribunal ordenó que se corrigieran una serie de situaciones que se determinó no eran correctas, seguía manteniendo los mismos errores.  Ante eso, el magistrado Mario Cayul determinó la realización de una nueva audiencia para esos fines, cuya fecha debiese estar programada para mayo, según estima la defensa.

“Tenemos que marcar precedentes”

El abogado Juan Carlos Manríquez explicó que el recurso fue presentado al amparo del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que faculta a la CIDH a requerir información al Estado con el objetivo de evitar la repetición de situaciones como esta, y de exigir garantías de no repetición y de no regresión por parte de los organismos competentes.

“Ha quedado en claro que se han vulnerado al menos cinco derechos fundamentales que Chile pactó respetar. De no haber una respuesta adecuada, se dejará al Estado como infractor de sus obligaciones internacionales, con todas las consecuencias que eso implica”, advirtió el defensor.

Además, Manríquez enfatizó en la necesidad de revisar la formación de los organismos vinculados al sistema de justicia: “Se deben modificar las mallas educacionales al interior de la PDI, el Ministerio Público y otras instituciones, especialmente en lo que respecta a acciones policiales intrusivas que involucren a personas en situación de especial vulnerabilidad, como niños, adultos mayores, parturientas y recién nacidos”.

Finalmente, la diputada Cariola reiteró que el Estado debe avanzar en medidas concretas de resguardo y reparación. “Tenemos que marcar precedentes, sobre todo quienes somos autoridades. La CIDH tiene que pronunciarse al respecto, y por eso ya hemos hecho la solicitud”, concluyó.

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